Liberar la vivienda en una ejecución hipotecaria: una opción muchas veces olvidada
En los procedimientos de ejecución hipotecaria suele pensarse que la subasta del inmueble es el único desenlace posible. Sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico prevé una alternativa que, en determinados casos, puede marcar la diferencia: la liberación del bien hipotecado, regulada en el artículo 693 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
¿Qué significa liberar el bien?
La liberación consiste en que el deudor (o un tercero con consentimiento del acreedor) pueda detener el procedimiento y conservar el inmueble, abonando las cantidades vencidas hasta el momento —cuotas impagadas, intereses ordinarios y de demora— sin necesidad de cancelar de golpe la totalidad del préstamo.
De esta manera, el proceso se archiva y el deudor recupera la posibilidad de seguir atendiendo sus pagos futuros conforme al calendario pactado.
Especial protección de la vivienda habitual
Cuando se trata de la vivienda habitual, el legislador concede una ventaja significativa: no se requiere el consentimiento del acreedor. El deudor puede consignar las cantidades atrasadas y evitar la pérdida de su casa.
Además, la ley permite ejercitar esta opción en más de una ocasión, siempre que entre una liberación y otra transcurran al menos tres años.
Costas y efectos prácticos
Una vez realizado el pago, se tasarán las costas —limitadas a un porcentaje de las cantidades adeudadas— y, satisfechas éstas, el Letrado de la Administración de Justicia dictará decreto liberando el bien y declarando terminado el procedimiento.
En la práctica, esto significa que el deudor no solo evita la subasta, sino que gana un tiempo valioso para reordenar su economía familiar o empresarial.
Una herramienta legal poco explorada
La liberación del inmueble no siempre se pone sobre la mesa en las negociaciones o en las fases iniciales del procedimiento. Sin embargo, puede convertirse en un recurso decisivo para proteger patrimonios y ofrecer soluciones realistas frente a situaciones de impago.
Nuestro interés es dar visibilidad a estas alternativas jurídicas que pueden equilibrar la relación entre entidades financieras y deudores.
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